En un duro comunicado contra el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI, este martes el premio Nobel Joseph Stiglitz y otros cien encumbrados expertos de la seguridad social criticaron la decisión de darles lugar a los reclamos de tres administradoras de fondos de pensión (AFJP) y la falta de transparencia con la que se maneja el tribunal a la hora de fallar entre las naciones y las corporaciones.

En el documento, los especialistas apuntaron que, de fallar a favor de las demandantes, los que deberán pagar los resarcimientos serán los jubilados ya empobrecidos y que la decisión de terminar con las privatizaciones forma parte es un acto de gobierno soberano para proteger a sus mayores de un régimen que, en todo el mundo mostró ser demasiado oneroso y no cumplió con las promesas de mejorarles el pasar a los abuelos. En cambio, se tradujo en jubilaciones bajas, déficits fiscales y costosas comisiones de administración en favor de la AFJP. Por eso la mayoría de los 30 países que privatizaron la seguridad social en la década del ‘90 fueron regresando a los sistemas públicos de reparto o alguna combinación entre ambos sistemas.

Contra la Argentina se presentaron dos reclamos, uno de Metlife Insurance y otro de NN Insurance International, mientras que contra Bolivia la demandante es el banco BBVA.

"La política de pensiones no se trata de asegurarles ganancias a las corporaciones de seguros privadas. Los sistemas de pensión existen para proveer seguridad en los ingresos a la tercera edad, para garantizar que los mayores se retiren con pensiones adecuadas", reza la declaración que lleva la firma de Juan Somavia, Jeffrey Sachs, Jose Antonio Ocampo y otro centenar de especialistas.

Esta suerte de análisis de amicus curiae a viva voz para el CIADI, repasa los resultados de la privatización de los sistemas jubilatorios en ambos países y cómo fallaron en traerles a los jubilados las mieles de la gestión privada: el grado de cobertura se estancó e incluso cayó en Argentina, las pensiones fueron insuficientes y un costo de administración cada vez más caro para soportar las ganancias de las empresas. Por eso, los firmantes se oponen a que el CIADI haga lugar al reclamo para seguir obteniendo ganancias a costas de los mayores.

"También nos oponemos a la falta de transparencia del proceso en el CIADI del Banco Mundial. Mientras las corporaciones pueden argumentar que se requieren protección procesal, estos casos afectan las vidas de millones de argentinos y bolivianos. Deben ser abiertos y transparentes", aseguraron.

"Estos casos legales deberían servir de advertencia a la mayoría de los países del mundo que no han privatizado sus jubilaciones pero pueden verse presionados a hacerlo: además de sufrir jubilaciones más bajas, más pobreza en la tercera edad y altos costos fiscales, podrían ser demandados por los administradores de aseguradoras privadas. Esperamos que otros países sean disuadidos de la privatización de las jubilaciones ante este ataque corporativo sobre los derechos de los Estados para establecer políticas que promueven el bienestar de la ciudadanía, un ataque en busca de ganancias y a expensas de ciudadanos y abuelos empobrecidos", concluye la misiva.